JusticiaCasoBlasco, contra la corrupción y por la defensa de la Cooperación Internacional y los Derechos Humanos

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La Coordinadora Valenciana de ONGD no firmará ningún acuerdo de conformidad con Blasco que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva

14 | 05 | 2019
La Coordinadora Valenciana de ONGD no firmará ningún acuerdo de conformidad con Blasco que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva

En la sesión de cuestiones previas del 13 de Mayo el letrado de Blasco ha aportado a la Sala el título de propiedad de un local situado en Valencia del que ni siquiera es propietario, junto con un poder otorgado a la Generalitat para la venta y/o disposición del mismo, y ello como forma pago de las responsabilidades civiles que se le reclaman en este procedimiento. La Coordinadora Valenciana de ONGD entiende que dicho ofrecimiento no es serio y en modo alguno garantiza el resarcimiento de la responsabilidad civil y los daños morales que se le reclaman.
Las ONGD piden a la Generalitat que no se sume a ningún acuerdo que pueda “lanzar hacía la ciudadanía un mensaje de impunidad” ante la corrupción.

València, 14 de mayo de 2019.- En la segunda sesión de cuestiones previas del juicio por el Caso Blasco, celebrada ayer en València, la Coordinadora Valenciana de ONGD se ha manifestado en contra de firmar cualquier acuerdo de conformidad con Blasco que no implique la devolución de los fondos defraudados y la reparación del daño causado por la trama y que incluya la asunción de unas condenas razonables.

Para la Coordinadora, cualquier acuerdo que no contemple esas condiciones es inaceptable estaría lanzando a la ciudadanía un mensaje de impunidad frente a la corrupción, y lo estaría haciendo en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana. El Caso Blasco supuso el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a la cooperación internacional con once países empobrecidos, incluyendo la ayuda de emergencia a Haití tras el terremoto que asoló ese país en 2010, causando más de 300.000 muertes, y dejando sin hogar a un millón y medio de personas.

“Para poder acceder a cualquier acuerdo de conformidad que suponga la reducción de penas a los presuntos “cabecillas” de la trama, tendrían que proceder de forma inequívoca a la devolución de lo robado, pagar la responsabilidad civil, y resarcir los daños causados, además de asumir unas penas de prisión razonables atendiendo a la gravedad de los hechos”, ha declarado Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora.

“Pedimos a la abogacía de la Generalitat Valenciana, que actúa como acusación particular en este juicio, que no ceda ante posibles acuerdos a los que pueda llegar la Fiscalía que no garanticen la devolución de los fondos. La ciudadanía valenciana no entendería un acuerdo que cierre en falso este juicio, porque se estaría lanzando el mensaje de que robar dinero público destinado a las comunidades más empobrecidas del planeta, sale gratis”, añade Mirón.


Nuevas acusaciones

La Coordinadora de ONGD también ha querido destacar que en este juicio se tiene que dirimir la presunta comisión por parte de Blasco, Tauroni y Llinares de un delito de asociación ilícita, del que no se les acusó en la Pieza Primera del Caso Blasco.

Según constan en las actuaciones judiciales, desde la extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Blasco y desde la trama empresarial encabezada por su amigo y empresario Tauroni, se manipularon presuntamente los exhaustivos procedimientos de control de la concesión y justificación de fondos para proyectos de cooperación que se aplican a las ONGD, para favorecer a fundaciones creadas expresamente por el empresario para apropiarse de esos fondos, y a pequeñas entidades que manipularon para su lucro personal.

Todas las acusaciones personadas, tanto la Fiscalía como las acusaciones particular y popular mantienen que desde la Consellería, siguiendo las órdenes de Blasco, se eligieron empresas evaluadoras afines que falsearon y manipularon las calificaciones de los proyectos que presentaban las entidades de la trama dirigida por Tauroni, presionaron a funcionarios para que aprobaran proyectos que no cumplían los mínimos requisitos, o directamente los cesaban cuando se negaban a participar en la trama. La Consellería creó listas blancas y listas negras para determinar las entidades que recibían fondos públicos (las de la trama) y las que no podían recibirlos, y también validó justificaciones de proyectos que no cumplían el marco normativo.


La Coordinadora continuará como acusación

“Es imprescindible que se celebre el juicio para aclarar si, tal y como creemos desde la acusación popular, Blasco y sus acólitos actuaron con un sistema perfectamente diseñado, y que fueron perfeccionando a lo largo del tiempo, para saquear los fondos destinados a la cooperación” afirman desde la Coordinadora Valenciana.

Ante el posible acuerdo de la Fiscalía con los cabecillas de la trama, la Coordinadora insta a la Generalitat, como acusación particular, para que no firme ningún acuerdo de conformidad que no garantice la devolución del dinero malversado e incluya condenas de prisión coherentes con la gravedad con los hechos enjuiciados. De igual forma la Coordinadora Valenciana de ONGD continuará su labor como acusación popular con la finalidad de lograr una justicia efectiva en un caso de corrupción tan grave como este.

“Queremos que se haga justicia sin impunidad para los responsables, no creemos que sea mucho pedir. Llevamos años luchando por ella, y lo seguiremos intentando hasta el final. Sostener los gastos judiciales que supone este juicio no es fácil, y por eso hemos pedido el apoyo de la ciudadanía a través de microdonaciones. Tenemos sólo hasta el sábado para recibir las donaciones, y cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuirá a esta causa”, afirma Lourdes Mirón.

Acuerdo con otros acusados

La Coordinadora está dispuesta a firmar un acuerdo de conformidad, junto con el Ministerio fiscal y la Abogacía de la Generalitat, con aquellos acusados para los que solicitaba penas de prisión de entre 2 y 3 años, los cuales han ingresado parte de la responsabilidad civil que se les reclamaba y han asumido los hechos delictivos por los que se les acusaba. La Coordinadora estaría dispuesta a firmar este acuerdo de conformidad con los acusados Alberto Pampín, Rosa Castelo, Carlos Andrés Chust, y Luis Freire. Existe también la posibilidad de firmar dicho acuerdo de conformidad con José Bollaín, restando únicamente algunos flecos por cerrar para poder firmarlo.

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